El Ayuntamiento de Andorra sigue insistiendo en la necesidad de que la localidad cuente con una oficina de la transición justa y el reto demográfico que se encargue verdaderamente de captar, gestionar, tramitar, administrar y acelerar la burocracia de las inversiones a las que se pueden acoger los empresarios que apuesten por Andorra y toda la cuenca minera. El alcalde andorrano, Antonio Amador, entiende que su solicitud está más vigente que nunca en pleno debate político, especialmente en el PSOE, sobre la descentralización de organismos estatales con sede en Madrid hacia otros lugares de España como una forma de fijar población en zonas despobladas.

«Ya se está contemplando la oficina del Reto Demográfico y atiende a lo que el Ayuntamiento solicitó el primero así que confío en que Andorra sea la localidad escogida. No tendría sentido hablar de descentralizar instituciones de Madrid para crear 20 ‘Madrids’ más llevando sus administraciones a grandes capitales», opina el primer edil andorrano.

Por primera vez, el borrador de Presupuestos del Estado incluye objetivos para el Reto Demográfico, que recibirán 4.200 millones, repartidos de forma trasversal en varios ministerios. Tan solo el presupuesto de la Secretaría General para el Reto Demográfico crece un 193,5%.

Amador incide en que hay inversores y empresarios que siguen apostando por el territorio pero que el principal problema son las trabas administrativas y la maraña de documentación a la que se enfrentan , problemas en que la oficina ayudaría. Numerosas ayudas económicas de distintas las administraciones con diferentes trámites, documentación y plazos convierten la instalación de nuevas empresas en la Vílla Minera en una maraña administrativa que para nada facilita la implantación de proyectos en una localidad sin más alternativas de empleo por el momento que el desmontaje de la Térmica más de un año después del cierre de la Central. «Es muy preocupante la lentitud administrativa y eso pone en jaque a Andorra. No podemos permitir que sea la propia administración que por sus tramitaciones no permita que se desarrollen proyectos que ya están», apunta Amador.

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