Mayor concreción en la aplicación de los 204 millones anunciados para el convenio de transición justa, así como la resolución de «carencias», son algunas de las demandas de los agentes sociales y políticos de la cuenca minera bajoaragonesa tras escuchar a la ministra Teresa Ribera. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica viajó el lunes a Andorra para exponer las líneas del convenio junto al presidente de Aragón, Javier Lambán. Este plan estará dotado con 204 millones de euros a ejecutar en un periodo de siete años.

Se marchó con varias peticiones, algunas «de vida o muerte» como es la mejora de las comunicaciones tanto por carretera como vía internet. El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, que valoró de forma positiva la dotación económica del documento, recordó las «carencias y deuda histórica que sigue habiendo hacia el territorio». Entre ellas, solventar la necesidad de «la reconversión de la pista minera a carretera», ya que de ella depende la unión de cinco poblaciones.

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